La democracia en EE.UU. funciona con votos y aportes visibles

Por: María E. David du Mutel de Pierrepont

Programa Transparencia de Gobierno IARAF.

Es sabido que mientras mayor es la información que se le suministra a un ciudadano mayores son las herramientas con las que cuenta al momento de decidir. En Estados Unidos creen que brindar información es una ventaja y un deber de las distintas agencias públicas que le permite a la ciudadanía involucrarse como miembros activos de la política.

Entre las actividades a las que se les trata de dar mucha visibilidad están las referidas al financiamiento de las campañas y actividades de lobby. Por ejemplo, en el estado de California, la “ley de reforma política” que rige desde 1975 exige una detallada divulgación del manejo de fondos políticos. Para las contribuciones de campaña, cuando las mismas superan un determinado valor deben quedar registradas. También hay límites tanto para ingresos como para gastos de campaña, dependiendo del contribuyente y del tipo de cargo electivo.

Cualquier ciudadano puede hacer contribuciones a las campañas al igual que empresas y corporaciones. Incluso los propios candidatos pueden aportar dinero a su propia campaña. Lo importante es que todo es visible para el resto de la sociedad. Existen organismos públicos que se encargan de tener actualizado, controlado y publicado todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas de todos los candidatos aún en épocas no electorales (http://cal-access.sos.ca.gov).

Pero existe otra forma en la que se destina dinero a cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas: las actividades de lobby, es decir la búsqueda explícita de influenciar las decisiones de política pública con el objeto de favorecer determinados intereses. Estas actividades, en EE.UU. se encuentran institucionalizadas mediante el registro, individualización y seguimiento de los lobistas, que son personas contratadas para defender frente a legisladores o miembros del ejecutivo los intereses particulares de quien requiere de sus servicios (grupo de personas o corporación dispuestas a pagar determinada suma para lograr que sus posturas prevalezcan).

Evidentemente es un área donde se torna dificultoso dotar de visibilidad las distintas interrelaciones que pueden ocurrir, desde invitaciones a cenas hasta regalos al político o su familia, pasando por la entrega de fondos en efectivo o de otra manera. Todo debe quedar registrado, desde quién realizó las contribuciones hasta qué político las recibió; existiendo límites expresos (por ejemplo toda actividad de este tipo que insuma u$s 2.500 o más por trimestre debe informarse a través de formularios electrónicos obligatorios). Esto puede resultar útil para que la ciudadanía pueda tener una idea de por qué se toman las decisiones que en ocasiones pueden no alinearse con las promesas electorales.

SI se quiere resumir esquemáticamente lo anterior con una mirada crítica sobre el sistema estadounidense, podría decirse que las personas pueden apoyar a un político participando en las elecciones con su voto, pero también pueden participar con sus dólares. Aquí es donde se presenta el riesgo de que la distribución de la participación política termine siendo regresiva. Esto es, las personas y empresas que tienen la posibilidad de aportar más fondos a las actividades de financiamiento de candidaturas y de lobby, son las que mayor representación obtendrían en las decisiones que afectan por igual a toda la sociedad. Es decir, se puede estar frente a gobernantes y legisladores que escuchan más a grupos que representan a un determinado sector, en lugar del declamado gobierno del pueblo. Estas situaciones que ocurren en mayor o menor grado en el resto de las democracias, son de acceso público.

El año 2011 es un año eleccionario en nuestro país, y mirar sin comparar es casi imposible cuando las prácticas no tienen muchos puntos en común. Incrementar la transparencia de los fondos políticos y de campaña es un gran desafío para nuestros gobernantes y una oportunidad para los argentinos.

Link